Coordinar la formación laboral supondrá más y mejor empleo para todos

La crisis que empezó en el 2008 puso de manifiesto determinadas carencias en el mercado de trabajo que incluyen también algunas deficiencias en el sistema de formación para el empleo.

Con un modelo de gestión compartida entre las Administraciones públicas y los interlocutores sociales, se pone de manifiesto, en este sistema, la deficiente coordinación, la falta de una planificación estratégica, la escasa vinculación con la realidad del tejido productivo y la no disponibilidad de un sistema de información integrado, como principales debilidades.

Corresponde al Gobierno de España llevar a cabo una regulación ulterior, en aplicación de sus competencias en materia de legislación laboral, para procurar que este aspecto del sistema de formación para el empleo esté sujeto a una imprescindible coordinación a través de un marco normativo común. Para sentar las bases de la necesaria renovación de la formación profesional en el ámbito laboral en España, el Parlamento español aprobó en septiembre del 2015 la Ley 30/2015.

Lograr una mejor coordinación entre las Administraciones constituye una necesidad prioritaria. El principal instrumento de coordinación que se establece en la ley es la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, donde el Servicio Público Estatal y los órganos de las Comunidades Autónomas deben procurar que la programación, gestión y control de la formación profesional para el empleo en cada ámbito competencial se realicen “en coherencia y coordinación” con las correspondientes a las otras Administraciones. Aunque las Comunidades Autónomas disponen de las competencias de ejecución de las actividades formativas, el texto legislativo dispone que será la Administración General del Estado la que “ejercerá la coordinación en el diseño estratégico del sistema”.

La incidencia de este sistema en el mercado de trabajo, con afectación al conjunto de España, hace conveniente que se establezcan criterios uniformes sobre los medios técnicos y humanos de los que deben disponer las entidades de formación, a aplicar en todo el territorio, así como sobre el seguimiento de las actividades y los indicadores de resultados. Las empresas de formación profesional en España operamos en un mercado único, como único es el mercado de trabajo en nuestro país, y necesitamos, para poder ofrecer nuestros servicios con la mayor calidad posible, que se den las condiciones idóneas para ello.

Las empresas del sector de la formación profesional para el empleo necesitan que las disposiciones de la ley 30/2015 sean aplicadas cuanto antes.

FUENTE: El Periódico